Estratega provida se complace en que Florida responsabilice a los abortistas

El reverendo Jim Harden, director ejecutivo de los centros de embarazo en crisis CompassCare en Nueva York y estratega provida, habló en un programa de radio sobre  cómo Florida está responsabilizando a la industria del aborto mediante auditorías y multas importantes. 

La Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica, que es básicamente su departamento de salud, impuso una multa de $193,000 a un proveedor de abortos de Orlando por 193 cargos de negar a las mujeres el consentimiento informado para el aborto, un delito grave en tercer grado. 

El pastor Harden definió lo que significa el consentimiento informado:

“La ley de consentimiento informado de Florida requiere dos cosas. Número 1: Proporcionar información sobre la humanidad del niño y los riesgos y efectos secundarios del aborto a la mujer. Y Número 2: Veinticuatro horas para pensar en lo que acaba de aprender antes de decidir poner fin a la vida de su hijo, para poder dar su consentimiento informado, entendiendo plenamente lo que realmente está haciendo. Porque muchas mujeres no entienden lo que realmente les hace el aborto a ellas y a su bebé. La industria del aborto maximiza eso para vender más abortos”. 

La ley de consentimiento informado de Florida incluye una ecografía obligatoria del bebé en el útero al menos 24 horas antes de que la madre pueda abortar a ese niño. El Estado del Sol es uno de los 13 estados que tienen períodos de espera obligatorios para el aborto.Además, el pastor Harden pidió a los funcionarios gubernamentales de todo el país que responsabilicen a la industria que mata a bebés. 

“Hago un llamado a todos los fiscales generales, gobernadores y departamentos de salud estatales para que responsabilicen a la industria del aborto. Insto a todos los oyentes del programa de radio a que llamen a sus gobernadores y fiscales generales para que realicen una auditoría e investigaciones penales sobre las industrias del aborto en sus estados, para investigar el fraude del aborto, la industria del aborto, el encubrimiento de delitos sexuales y Medicare, y otros fraudes de financiación, así como violaciones de la Ley Comstock, que consiste en el envío ilegal de medicamentos abortivos químicos a través de fronteras estatales”.