Jalisco dice no a las `infancias trans´ por tercera ocasión

MÉXICO, 28 DE ENERO DE 2026. El Congreso del Estado de Jalisco volvió a rechazar, por tercera ocasión, una iniciativa para que las llamadas "infancias trans"  pongan en sus actas de nacimiento y documentos oficiales su "identidad de género".

En una sesión realizada el 28 de enero de 2026, el Poder Legislativo estatal desechó nuevamente una reforma a la Ley del Registro Civil que buscaba acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para permitir que niñas, niños y adolescentes trans puedan modificar su nombre y género legal antes de alcanzar la mayoría de edad. La votación fue de 22 en contra, 11 a favor y una abstención.

Este rechazo no es un hecho aislado: el Congreso de Jalisco ya había votado en contra de propuestas similares en octubre de 2024 y marzo de 2025, lo que mantiene sin cambios el marco jurídico local en materia de "identidad de género" para personas menores de edad.

Legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), PAN, PRI y Partido Verde integraron la mayoría que se opuso a la reforma. En su argumentación, señalaron que los menores de edad no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de este tipo y defendieron la soberanía del estado para legislar estos asuntos independientemente de la jurisprudencia federal.

Por su parte, los diputados que votaron a favor, principalmente de Morena, Hagamos y Futuro, afirmaron que la negativa representa un incumplimiento de la sentencia de la SCJN y una vulneración a los derechos humanos de las "infancias trans". 

La votación ha generado críticas de colectivos de derechos humanos y organizaciones de la comunidad LGBT+. Diversos grupos convocaron a marchas y protestas para exigir al Congreso y al gobierno estatal que respeten y garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes trans, acusando a las autoridades de promover un retroceso en políticas de inclusión y de ignorar estándares de derechos humanos.

El caso en Jalisco se inserta en un contexto de debates nacionales sobre la obligación de los poderes legislativos estatales de acatar resoluciones de la SCJN. Ésta ya ha establecido precedentes nacionales en la materia, aunque su implementación en las entidades federativas sigue siendo motivo de resistencia.