Washington exige a Pekín liberar a cristianos detenidos

ESTADOS UNIDOS, 27 de enero de 2026. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus llamados diplomáticos y políticos a favor de la libertad religiosa, exigiendo a las autoridades de China la liberación inmediata de cristianos detenidos y subrayando su compromiso con la protección de los derechos humanos en ese país.

Esta postura se da en medio de una escalada de detenciones y restricciones contra líderes y fieles de comunidades religiosas no registradas oficialmente por el Estado chino.

Un frente diplomático por la libertad religiosa

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), un organismo independiente asesor del gobierno federal, ha sido una voz constante en señalar a China como uno de los países que más violan la libertad de religión en el mundo. En un comunicado reciente, la USCIRF condenó enérgicamente la detención de pastores y líderes cristianos, entre ellos el fundador de la Zion Church, Pastor Ezra Jin Mingri, y pidió al gobierno estadounidense que presione a Pekín para que libere a todos los religiosos encarcelados por practicar su fe.

Ese pronunciamiento forma parte de una tendencia más amplia: en noviembre de 2025 el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución (S.Res.463) que condena formalmente la persecución de minorías religiosas en China —incluyendo cristianos, musulmanes uigures y budistas tibetanos— y reitera el compromiso de Washington con la libertad de culto y la tolerancia religiosa a nivel global. La resolución llama explícitamente a Pekín a liberar sin condiciones a todas las personas detenidas por motivos de fe.

Casos emblemáticos: la detención de líderes cristianos

El caso más destacado es el de Pastor Ezra Jin Mingri, arrestado por las autoridades chinas en octubre de 2025 junto con decenas de líderes y miembros de su iglesia independiente, uno de los cultos protestantes no registrados más grandes de China. Según defensores de la libertad religiosa, las autoridades han utilizado cargos como “subversión” o “fraude” para encarcelar a estos pastores, prácticas que grupos como la USCIRF califican de parte de la sistemática represión contra iglesias que rechazan someterse a estructuras controladas por el Estado.

Washington también ha reiterado que la Constitución china reconoce la libertad de creencia, aunque en la práctica el Partido Comunista Chino (PCCh) aplica políticas de “sinización” de las religiones, que buscan alinear todas las confesiones con la ideología oficial. Esta política ha llevado, por ejemplo, a la supresión de contenidos religiosos en internet y fuertes controles sobre publicaciones, educación y organización de comunidades religiosas.

Para expertos en diplomacia y derechos humanos, la estrategia de Washington tiene varios objetivos:

Presionar internacionalmente a Pekín para que cese la represión religiosa sistemática, considerada entre las más severas del mundo.

Defender la libertad de culto como un derecho humano universal, tanto para cristianos como para otras minorías religiosas.

Enviar un mensaje político claro, al reafirmar que Estados Unidos seguirá denunciando abusos, incluso frente a potencias globales con las que mantiene relaciones complejas.

La presión estadounidense incluye no sólo comunicados y resoluciones, sino también posibles sanciones a funcionarios chinos responsables de las violaciones de libertad religiosa, así como cooperación con organizaciones internacionales para documentar casos y apoyar a las víctimas y sus familias.

Repercusiones internacionales y diálogo global

Las exigencias de Washington han generado eco en varias organizaciones cristianas y de derechos humanos alrededor del mundo, que han pedido a gobiernos y organismos multilaterales que se sumen al llamado por la liberación de los detenidos y el respeto irrestricto a la libertad de fe. También han avivado el debate sobre el rol de los gobiernos occidentales frente a regímenes autoritarios que reprimen creencias religiosas.

El gobierno chino, por su parte, mantiene que sus políticas buscan preservar la estabilidad social y que la reprensión se dirige a grupos que, según Pekín, violan leyes. Sin embargo, activistas internacionales sostienen que estas interpretaciones se utilizan para silenciar a comunidades religiosas independientes y limitar su crecimiento.