Juez que se negó a oficiar bodas gay obtiene importante victoria legal

ESTADOS UNIDOS, 23 de junio de 2026. La juez de paz Dianne Hensley, de McLennan County, obtuvo una importante victoria legal contra la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas (State Commission on Judicial Conduct).

Un tribunal del condado de Travis dictaminó el 16 de junio de 2026 que la Comisión debe pagar a Hensley 10,000 dólares en "daños compensatorios" (el máximo permitido bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Texas) y más de 630,000 dólares en honorarios de abogados, sumando un total de aproximadamente 640,000 dólares. Además, el fallo prohíbe permanentemente a la Comisión investigarla, sancionarla o disciplinarla por negarse a oficiar bodas del mismo sexo por motivos religiosos.

Los hechos del caso

Tras la decisión de la Corte Suprema de EEUU en Obergefell vs. Hodges (2015), que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país, la jueza Hensley —una cristiana devota— decidió inicialmente dejar de oficiar bodas por completo debido a sus convicciones religiosas.

En 2016 retomó la práctica, pero solo para parejas heterosexuales. Para garantizar que ninguna pareja quedara sin servicio, Hensley refería a las parejas del mismo sexo a otros oficiantes cercanos, incluso asegurándose de que cobraran la misma tarifa gubernamental baja. A pesar de estas medidas de acomodación, la Comisión de Conducta Judicial le impuso una “advertencia pública” en 2019, argumentando que su postura ponía en duda su imparcialidad hacia personas según su orientación sexual.

Hensley, representada por el First Liberty Institute y el abogado Jonathan F. Mitchell, demandó a la Comisión alegando una violación a sus derechos religiosos protegidos por la Constitución y la ley estatal de Texas.

La victoria y sus implicaciones

El fallo del tribunal no solo le otorga una compensación económica significativa, sino que establece un precedente claro: los jueces en Texas pueden abstenerse públicamente de oficiar bodas basados en creencias religiosas sinceras sin enfrentar sanciones disciplinarias. Esto se alinea con una aclaración previa del Código de Conducta Judicial de Texas emitida por la Corte Suprema estatal en 2025.

“Estoy profundamente agradecida de que la Corte haya protegido mis derechos de conciencia”, ha expresado Hensley en declaraciones previas. Este caso representa una defensa exitosa contra el intento de obligar a funcionarios públicos a actuar en contra de sus creencias más profundas.

Organizaciones como First Liberty Institute celebraron el fallo como una victoria para la Primera Enmienda y la libertad religiosa en el ejercicio de funciones públicas. “Ningún juez debería tener que elegir entre su fe y su carrera”, señalaron.

Similar a otros casos como el de Kim Davis en Kentucky, pone de relieve el conflicto entre derechos religiosos fundamentales y los llamados "derechos de igualdad".

Con esta victoria, Hensley no solo evita futuras sanciones, sino que contribuye a aclarar las reglas para cientos de jueces y funcionarios de paz en Texas que comparten convicciones similares.

El fallo refuerza la idea de que la libertad religiosa sigue siendo un derecho fundamental. La batalla legal de la jueza Hensley, que duró casi siete años, se convierte ahora en un referente para futuros litigios sobre fe y función pública.