El caso del pastor Derek Reimer: cuando defender la inocencia de los niños se convierte en delito

CANADÁ, 21 de octubre de 2026. En un veredicto que ha generado profunda preocupación entre muchos creyentes canadienses y en el mundo hispanohablante, el pastor calgariense Derek Reimer fue declarado culpable el pasado 16 de octubre de 2026 de los cargos de mischief (daños o interferencia) y de causar perturbación.

El fallo llegó en un nuevo juicio (retrial) por su protesta del 25 de febrero de 2023 en la biblioteca Seton de Calgary, durante un evento de “Reading with Royalty” en el que artistas drag leían cuentos a niños.

Reimer, líder de Mission 7 Ministries —un ministerio de calle orientado a personas sin hogar—, había sido absuelto originalmente en septiembre de 2024. La Corona apeló, un juez superior anuló la absolución en julio de 2025 y ordenó un nuevo juicio.

En este segundo proceso, el juez Karim Jivraj consideró que la conducta del pastor —entrar en la sala, grabar con una cámara GoPro y gritar en voz alta expresando su oposición religiosa y moral al evento— "superó los límites de una protesta legítima e interfirió con el programa". La sentencia se fijará en una fecha posterior.

Este no es el único proceso que ha enfrentado Reimer. Previamente fue condenado por aproximarse a una gerente de biblioteca, grabar la conversación en la que expresaba su rechazo al evento y publicar el video pidiendo a sus seguidores que contactaran a la funcionaria. Recibió un año de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional, con restricciones severas que incluyen prohibiciones de acercarse a ciertos eventos y, en algunos momentos, limitaciones a su libertad de expresión. 

Una cuestión de conciencia, no de odio

Para Reimer y muchos cristianos que lo apoyan, el núcleo del asunto no es la intolerancia, sino la defensa de una convicción profundamente arraigada en la fe bíblica: que los niños no deben ser expuestos a espectáculos de adultos que sexualizan o confunden la identidad de género en espacios públicos financiados con dinero de los contribuyentes. 

La libertad de conciencia y de credo —protegida en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades— no se limita a creer en privado. Incluye el derecho a expresar públicamente esas convicciones, especialmente cuando se percibe un daño a los más vulnerables. El caso de Reimer ilustra cómo la línea entre “protesta legítima” y “perturbación criminal” se está dibujando de manera cada vez más estrecha cuando el mensaje choca con la ideología dominante.

Si un pastor puede ser condenado por gritar su oposición religiosa dentro de un espacio público durante un evento dirigido a niños, ¿qué queda de la libertad de predicar, de amonestar o de advertir según la Escritura? La obligación de escribir disculpas forzadas o de aceptar condiciones que limitan el contacto con ciertas personas o el uso de redes sociales plantea preguntas inquietantes sobre la coerción de la conciencia. En la tradición cristiana, la conciencia no es negociable: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).

Un precedente peligroso

Este caso no ocurre en el vacío. Forma parte de un patrón más amplio en Canadá y en otras democracias occidentales donde la expresión de convicciones tradicionales sobre sexo, género y familia se enfrenta a sanciones crecientes. Bibliotecas, escuelas y espacios públicos se han convertido en campos de batalla ideológicos. Quienes protestan de manera pacífica contra lo que consideran la sexualización de la infancia corren el riesgo de ser tratados como agresores, mientras que los organizadores de los eventos gozan de protección institucional.

El peligro para la libertad religiosa es real. Cuando el Estado criminaliza la expresión de una convicción moral fundamentada en la fe, no solo castiga a un individuo: envía un mensaje a todas las iglesias, familias y creyentes. El mensaje es claro: ciertas creencias pueden ser sostenidas en privado, pero no defendidas públicamente sin consecuencias. Eso no es tolerancia; es la imposición de una nueva ortodoxia.

Reimer ha insistido en que su motivación es el Evangelio y la protección de los niños. Su historial personal —que incluye condenas anteriores por violencia y maltrato animal de años atrás— es usado por críticos para desacreditarlo. Sin embargo, el fondo del asunto no es la perfecta santidad del mensajero, sino si el contenido de su mensaje y el acto de expresarlo merecen sanción penal.

Un llamado a la Iglesia

Este caso debe servirnos de alerta. La libertad de conciencia y de credo no se defiende solo en los tribunales; se defiende cuando la Iglesia se atreve a hablar con claridad, a orar por los perseguidos y a no callar por miedo. El pastor Reimer enfrenta ahora una sentencia que podría incluir más restricciones a su libertad. Más allá de las circunstancias particulares de su caso, lo que está en juego es el derecho de todo creyente a vivir y proclamar su fe sin que el Estado le dicte los límites de su conciencia.

Que Dios guarde a quienes, como Derek Reimer, han preferido sufrir las consecuencias de ser fieles a lo que creen que es verdad. Y que la Iglesia no duerma mientras se estrecha el espacio para la libertad religiosa en nuestras sociedades.