Cierran radios evangélicas en México: ¿Legalidad o intolerancia disfrazada?

Con el cierre de cuatro estaciones evangélicas de radio, efectuado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que por ley vigila el establecimiento de estos medios, se abrió otro capítulo en la larga disputa que implica al gobierno federal y algunas iniciativas que buscan expandir la presencia de otros credos en el espectro radioeléctrico mexicano. Tres de estas estaciones eran operadas por grupos indígenas en Villahermosa y Cárdenas, Tabasco (sureste del país) y la cuarta en Puebla (centro), según la nota publicada por el diario La Jornada el domingo 2 de agosto.

Entre las primeras están Stereo Vida, Ebenezer y Radio Señal de Vida; la radiodifusora poblana es Radio Vida. Tabasco Hoy informó que el monto del equipo asegurado ascendió a unos 60 mil dólares y que Williams Fuentes Sánchez, de Stereo Vida, mostró su desacuerdo con el allanamiento y decomiso, puesto que siempre han colaborado con “la restauración de la familia y de la sociedad en general.

‘No le hacemos daño a nadie, al contrario, el objetivo de esta emisora es acabar con la desintegración familiar, el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, pornografía y todas aquellas cosas que hacen estragos en nuestra sociedad’, agregó”. [2] Este desmantelamiento es uno más, luego del llevado a cabo en diciembre del año pasado, cuando cerraron 9 emisoras en distintos municipios de Chiapas.

Más allá de las arbitrariedades señaladas por la nota, este episodio ha sido antecedido por una serie de amagos y anuncios de diversos organismos empeñados en abrir estaciones de radio de carácter religioso, especialmente en Chiapas, entidad donde el crecimiento de movimientos evangélicos es muy notorio. Allí se maneja un alto número de frecuencias, alrededor de 40, que tampoco cuentan con autorización, aunque algunas han iniciado trámites en las instancias correspondientes. En enero de 2006 se anunció el lanzamiento sin permiso de una televisora, en abierto desafío a las normas vigentes. La presión ejercida aumentó en 2008, pues en septiembre hubo una manifestación pública, con más de mil personas, en San Cristóbal de las Casas, para exigir la legalización de 38 estaciones. En noviembre hubo otra marcha más grande (3 mil personas) para protestar por el desmantelamiento de 8 estaciones. En esa ocasión, los dirigentes exigieron a las autoridades federales que “no privilegien los intereses del monopolio radiofónico chiapaneco por encima de los intereses de las mayorías”, y pidieron a los legisladores “que trabajen sobre la reforma de ley de radio y comunicación para que se ponga en práctica la libertad de expresión”. [3] En febrero de 2009, los líderes evangélicos reunidos con autoridades de Gobernación y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aseguraron que obtendrían los permisos, siempre y cuando se encontrara “la figura legal más adecuada”, dado que las iglesias como tales no podrían emitir programas de radio. [4]

Asimismo, se señaló que “los propietarios de las radios de Chiapas se reunieron con legisladores evangélicos de varios partidos políticos, quienes se comprometieron a solicitar personalmente al secretario de Gobernación se detengan los OPERATIVOS para decomisar los aparatos de transmisión radiofónica en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otras entidades en las que existen radios de orientación evangélica”. La nota del 2 de agosto agregaba que en reuniones con funcionarios públicos, Francisco García Burgos, alto funcionario de Cofetel, “explicó que para el gobierno el tema de las radios religiosas es muy importante, por lo que se comprometió a dar la información necesaria para que las personas física o morales, así como las asociaciones no lucrativas puedan ser permisionarias y difundir contenidos que fomenten los valores humanos”. Por último, Álvaro Luis Lozano González, el director de Radio Televisión y Cinematografía (RTC), “se comprometió a dar continuidad a las pláticas que sostiene con los líderes religiosos y agilizar los trámites para entregar aquellos permisos que cumplan con los requisitos necesarios”. Estimó que en el país existen al menos 90 estaciones de radio administradas por cristianos evangélicos, de las cuales 40 por ciento se encuentra en Chiapas.

Según la misma nota, existe un acuerdo verbal con autoridades gubernamentales para no incautar radios de propietarios evangélicos mientras se realizan los trámites para regularizarlas, debido a que muchas “ya llevan importantes avances y otras tienen permisos estatales”. La semana anterior, Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior), se reunió con algunos concesionarios y les ofreció que actuaría en contra de las radios indígenas irregulares en Chiapas, unas 60, según dijo.

En un artículo de fines de 2008, Javier Aranda Luna, articulista independiente, se refirió a que, sin estar del lado de la ilegalidad, resultaba muy notorio el hecho de que únicamente se cargaba la mano a las emisoras evangélicas, mientras que en otras entidades no existía tal rigor. En ese sentido, se preguntaba: “¿Por qué esta cruzada contra la clandestinidad no incluye a las clandestinas radios católicas o la clausura de televisoras públicas que transmiten en El Bajío [Guanajuato] misas violando la ley respectiva y la Constitución misma?”. [5]

Toda esta situación plantea la necesidad de que el gobierno revise minuciosamente el estatus de las concesiones a un gran número de estaciones de radio y televisión que transmiten contenidos religiosos de manera indiscriminada, pues en los últimos dos sexenios, de marcada preferencia hacia el catolicismo, muchos grupos católicos y evangélicos han considerado que el aparente vacío en el control de las autoridades les da pie para aumentar la presencia religiosa en los medios. Sólo así puede entenderse cómo, al mismo tiempo que se transmiten las misas dominicales por Televisa, por la misma cadena el programa “Pare de sufrir” (de la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios) bombardea a la audiencia con sus mensajes, tan cuestionados desde diversos frentes.

Da la impresión de que las autoridades actuales siguen manejando de manera discrecional los permisos y los tiempos para las emisoras de carácter religioso, y que, a menos que se realice un debate serio y propositivo, no cambiarán su política que, a contracorriente del discurso oficial que promueve la tolerancia, sigue discriminando a algunos grupos, con tal de imponer su visión parcial de las cosas. El aparente apego a la legalidad esconde, más bien, formas nuevas de intolerancia y cerrazón a otras maneras de entender, interpretar y actualizar la presencia de lo religioso.

Autor: Leopoldo Cervantes Ortiz / Fuente: Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación