Se espera determinación de la Suprema Corte sobre la matanza de Acteal

El 12 de agosto será un día muy importante en México, pues es cuando la Suprema Corte de Justicia dará su fallo final sobre la matanza de 45 personas en la comunidad de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares perpetró ese asesinato a sangre fría. Once años y medio después, sigue intenso el debate sobre la determinación final de la Corte, pues existen interpretaciones en diversos sentidos sobre los responsables de la masacre. Persistentemente se ha dicho que el origen del conflicto, que enfrentó al grupo denominado Las Abejas y algunos simpatizantes zapatistas refugiados en Acteal, en realidad fue un enfrentamiento entre zapatistas y evangélicos, lo que estaría enmascarando, una vez más, la explosiva mezcla entre política y religión, en una zona geográfica con fuerte presencia de grupos no católicos.

Ciudad de México, martes, 11 de agosto de 2009. El escenario mencionado se manejó desde el principio, incluso en algunas notas informativas como las de Juan Balboa y Hermann Bellinghausen, al otro día del suceso. [1] Balboa afirmó: “Considerada por el concejo autónomo de Polhó la agresión ‘más violenta’ que grupo paramilitar haya realizado en el norte y Altos de Chiapas desde la aparición del EZLN, la embestida contra los desplazados, según los testigos, fue organizada con varios días de antelación y en ella participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados”. La nota agregaba que el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió el mismo día al gobierno estatal que se avecinaba un suceso violento en Acteal y que según esta ONG algunos policías “permanecieron a 200 metros del sitio del ataque sin intervenir”.

Bellinghausen, quien ha seguido muy de cerca el movimiento zapatista y todo lo relacionado con Acteal, recogió testimonios directos de algunos testigos, y en 2008 publicó el libro Acteal, crimen de Estado, basado en el reportaje que hizo a 10 años de la matanza, y en donde acusa al gobierno de Ernesto Zedillo, a quien califica de “genocida invisible”, de encubrir sus motivos reales y promover la impunidad de los culpables. [2] Este periodista fue uno de quienes plantearon el surgimiento de una “nueva versión de los hechos”, la cual se gestó, según él, en algunos espacios académicos como el Centro de Investigación y Docencia Económica y fue respaldada por varios intelectuales (como el historiador Héctor Aguilar Camín [3]) y otros conductores de programas de radio y televisión. Otro factor importante en esa reconstrucción sesgada sería el llamado libro blanco de la Procuraduría General de la República (fiscalía general), instancia que “dio por cerrado el expediente con la misma conclusión que había adelantado un año atrás, el 26 de diciembre de 1997, poco después de la masacre”. [4] La conclusión en cuestión decía que lo sucedido se debió a “conflictos intercomunitarios” e inclusive “interfamiliares”. [5] El libro fue difundido el 19 de diciembre de 1998. [6]

En ocasión del décimo aniversario de lo sucedido, Carlos Martínez García, profundo conocedor de la problemática chiapaneca, investigó y explicó detalladamente la participación evangélica (particularmente presbiteriana) en los sucesos. Allí, luego de citar a la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la presencia evangélica dentro de dicho movimiento (“No se trata de un conflicto religioso, tanto asesinos como asesinados profesan la religión católica”), se preguntaba: “¿Entonces por qué con el paso del tiempo un alto número de los encarcelados resultaron ser evangélicos, principalmente presbiterianos? ¿La conclusión del EZLN antes citada fue errónea?”. [7] A continuación, maneja información detallada sobre el acontecimiento, refiere nombres de detenidos, y documenta la reacción de la Iglesia Nacional Presbiteriana sobre algunos de sus agremiados que fueron acusados como responsables de la agresión. Martínez García, sin dejar la imparcialidad periodística, sugirió que el proceso judicial podía estar viciado y, por lo tanto, reclamaba que los órganos de derechos humanos solicitaran una investigación más justa. Su argumentación es muy sensible y respetuosa del sentir de los indígenas chiapanecos:

Cuando uno interroga a los líderes indígenas presbiterianos, como quien esto escribe ha hecho en variadas ocasiones, acerca de por qué con tanta seguridad afirman la inocencia de sus hermanos en la fe, su respuesta es una larga y documentada sucesión de pruebas. En primer lugar subrayan que la trayectoria histórica de las iglesias indígenas en Chiapas ha estado del lado de buscar la paz. Argumentan que se han caracterizado por recurrir a defender sus derechos por los caminos legales, agregan que a la extensa lista de agravios que van de hostigamientos a expulsiones su respuesta ha sido, y es, evitar la confrontación violenta. Excepcionalmente, puntualizan, algunos desesperados por la inacción de las autoridades estatales sí han respondido a sus agresores en los mismos términos. Sin embargo, apuntan, acciones de este tipo han sido muy aisladas y sin respaldo de la generalidad de las iglesias. Dejan muy en claro que las arteras ejecuciones de Acteal son completamente reprobables, carecen de justificación alguna, y que los culpables tienen que ser llevados ante las instancias judiciales y ser juzgados por sus actos. Pero los verdaderos culpables, y no víctimas de señalamientos falsos. Finalmente, agregan, una vez ya fueron denunciados los presbiterianos como conspicuos integrantes de grupos paramilitares, citan el caso del Informe Ni paz ni justicia, y demostraron que los señalamientos descansaban en bases endebles y falsas. [8]

Una cronología publicada por El Universal, da cuenta de los sucesos más relevantes acontecidos a partir de diciembre de 1997 y resulta muy útil para advertir la evolución del asunto.  [9] Lo que esta cronología deja de mencionar es algo así como “una historia interna” de Acteal, es decir, la percepción que los militantes presbiterianos acusados tenían acerca del suceso. La revista presbiteriana El Faro publicaría en noviembre de 2003 un número especial al respecto y en los meses cercanos a la matanza circularon varias versiones de los hechos en las iglesias presbiterianas, muchas de las cuales tomaron partido por sus correligionarios. En otro momento, un contingente venido de Chiapas se manifestó en el Zócalo junto con representantes de varias iglesias para protestar por la falta de justicia.

Dos ejemplos más de la fuerte polémica, que muestra el grado de polarización interpretativa, son una nota de Ruth Rodríguez y el artículo de Luis Hernández Navarro, “Justicia a la carta”. En la primera, Arturo Farela, dirigente “histórico” de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) cuestiona la intervención del obispo Samuel Ruiz y el centro de derechos humanos mencionado líneas arriba, pues han dejado de “perseguir a los indígenas tzotziles presos”. Agregó que, incluso, “la Corte no sólo debe liberar a los 40 indígenas, sino a los 80 que están presos, porque se ha demostrado que toda la trayectoria judicial ha estado viciada y coludida con la línea de investigación creada ‘por aquél que le haya convenido más sofocar el escándalo de la matanza”. Finalmente, expuso que el ex obispo de San Cristóbal de las Casas y el Centro Fray Bartolomé de Las Casas “tienen miedo de que los ministros de la Corte saquen a la luz pública la verdad de lo que sucedió en Acteal, en donde fueron encarcelados indígenas inocentes cuyo único delito fue profesar una fe diferente a la católica”. [10]

A su vez, Hernández Navarro lanza acusaciones directas a la Presidencia de la República: “Nadie puede decir que Felipe Calderón no cumple sus promesas de campaña. Durante las elecciones presidenciales de 2006 se comprometió a revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal. Mañana miércoles, dos años y medio después de ese compromiso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparará a los paramilitares que asesinaron a 45 personas en esa comunidad”. [11] Señala también a los defensores de la “nueva versión” de los hechos, entre quienes incluye al senador suplente Hugo Éric Flores, militante evangélico y dirigente de la agrupación política Encuentro Social, aliada del partido en el poder: “Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de los asesinos responsables de la matanza. Ése fue su afán al elaborar, con dinero público, El otro Acteal. [12] El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para confeccionar el libro”.

Ante todo este panorama, se espera con mucha expectación el anuncio de la Suprema Corte de Justicia, pues marcará un precedente en la historia jurídica del país, dado que al sentir generalizado de que el proceso llevado a cabo ante esta masacre está plagado de inconsistencias se responderá después de un tiempo tan prolongado. Inevitablemente, la resolución del máximo tribunal dejará inconformes a unos y satisfechos a otros, especialmente ahora que el país se encuentra inmerso en una situación de gran inseguridad y desconfianza hacia las instancias encargadas de impartir justicia. Pero lo cierto es que seguirá flotando en el ambiente, por mucho tiempo, el malestar por la forma en que el gobierno mexicano ha manejado, en los últimos años, la problemática de una entidad tan compleja como es Chiapas, adonde los fenómenos sociopolíticos se entrelazan tan profundamente con la experiencia religiosa de las comunidades indígenas.

Autor: Leopoldo Cervantes-Ortiz / Fuente: ALC Noticias