Argentina impulsa una Ley de Libertad Educativa que transformaría su sistema educativo

ARGENTINA, 27 de noviembrede 2025. El Gobierno nacional avanza en la presentación de un proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que busca modificar de manera profunda el marco jurídico que regula la educación en Argentina.

La propuesta, que aún se encuentra en etapa preliminar, pretende reemplazar la actual Ley de Educación Nacional (26.206) —vigente desde 2006— e introducir nuevas modalidades de enseñanza, entre ellas el homeschooling, la educación híbrida y esquemas de mayor autonomía institucional.

De aprobarse, la reforma implicaría uno de los cambios más significativos en décadas para el sistema educativo, al redefinir las responsabilidades del Estado, ampliar el protagonismo de las familias y flexibilizar la obligatoriedad de la presencialidad escolar en determinados niveles.

Un cambio de paradigma: de la centralidad estatal a la centralidad familiar

El proyecto se apoya en el principio del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica—, pero que hasta ahora no tenía un correlato explícito en una ley nacional que permitiera alternativas como la educación en el hogar.

Actualmente, la Ley de Educación Nacional establece que la escolarización es obligatoria y presencial, y no reconoce expresamente la educación domiciliaria salvo en casos excepcionales (razones de salud, fuerza mayor o aislamiento rural extremo). En la práctica, las familias que optan por el homeschooling operan en una zona gris legal, inscribiendo a sus hijos como “libres” o rindiendo exámenes en instituciones privadas.

La nueva ley buscaría formalizar y regular esa posibilidad, habilitando que las familias elijan entre escolaridad tradicional, educación híbrida o educación en casa, con mecanismos de acreditación de saberes y supervisión estatal acotada al cumplimiento de estándares mínimos.

Homeschooling: del vacío legal a una alternativa reconocida

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que introduce explícitamente el home schooling como modalidad educativa válida, sin establecer una edad mínima para adoptarla. En algunos borradores se contempla un sistema de exámenes periódicos, la posibilidad de adscripción a escuelas para acreditar estudios y un reconocimiento legal pleno de los padres como responsables de la educación formal de sus hijos.

Esto representa una novedad significativa en un país donde la elección educativa familiar ha estado históricamente subordinada a la regulación estatal.

Impacto en las escuelas y el rol del Estado

Además de incorporar nuevas modalidades de enseñanza, el proyecto busca redefinir el papel del Estado. Mientras la LEN establece un modelo de fuerte rectoría estatal sobre contenidos, modalidades y financiamiento, la nueva ley apunta a un esquema subsidiario, donde las instituciones educativas —tanto públicas como privadas— tendrían mayor autonomía para diseñar sus planes de estudio y gestionar sus recursos.

El Gobierno también estudia implementar mecanismos de financiamiento que consideran asignaciones directas por alumno (“vouchers educativos”), lo que generó fuertes críticas por parte de sindicatos docentes y sectores vinculados a la educación pública. Estos actores advierten que la ley podría profundizar desigualdades y debilitar la estructura del sistema estatal.

Cuadro comparativo: Ley actual vs. Proyecto de Libertad Educativa

A continuación, un cuadro que resume los puntos más relevantes entre el marco jurídico vigente y la nueva iniciativa:

Cuadro comparativo: Status legal actual del homeschooling en Argentina vs. Proyecto de Ley de Libertad Educativa

Una reforma que abre el debate sobre la libertad educativa

La Ley de Libertad Educativa tendrá un debate intenso en el Congreso. Por un lado, organizaciones de familias que educan en casa celebran la posibilidad de contar con un marco legal claro y la afirmación del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Por otro, sindicatos docentes y especialistas advierten que el proyecto podría fragmentar el sistema educativo y debilitar su estructura pública.

Lo cierto es que, de aprobarse, la Argentina ingresaría en un nuevo paradigma en materia educativa, con un abanico más amplio de opciones, un Estado con funciones más acotadas y un mayor reconocimiento legal de la autonomía familiar.

Mientras tanto, el país observa con atención cómo este proyecto podría redefinir —para bien o para mal— la relación entre escuela, Estado y familia en el siglo XXI.