Informe del parlamento francés: debemos devolver a los padres la libertad de educar en familia

FRANCIA, 10 de octubre, 2026. En su informe, examinado el 7 de octubre por la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación de la Asamblea Nacional en Francia, los diputados califican de «injusto» el nuevo sistema de escolarización obligatoria, el cual ha provocado una fuga del 60 % de los alumnos.

Las conclusiones de esta comisión parlamentaria sobre la educación en familia son, por tanto, claras, y pueden interpretarse de la siguiente manera: es necesario restablecer, sin demora, este derecho a los padres. Los efectos de la ley de 2021 contra el separatismo resultan perjudiciales para esta libertad fundamental de enseñanza.

Nuestra asociación, que fue escuchada por dicha comisión, celebra y acoge con satisfacción este informe parlamentario —elaborado por los diputados Josiane Corneloup (Derecha Republicana) y Vincent Trébuchet (Unión de las Derechas por la República)—, el cual reconoce, por fin, la flagrante injusticia cometida contra las familias. Estas fueron sospechadas de separatismo y, de manera especialmente injusta, quedaron sometidas a la arbitrariedad de la administración debido al nuevo régimen de autorización para la educación en familia. En efecto, la libertad de educar en casa —consagrada por el derecho internacional en numerosos convenios que Francia ha vulnerado— debe devolverse a los padres, quienes son los primeros y principales educadores de sus hijos. Los ponentes de la comisión abogan, en última instancia, por recuperar el régimen de declaración previa.

Una «falta de sinceridad» por parte del gobierno respecto a un supuesto vínculo entre el separatismo y la educación en familia.

Los ponentes han denunciado esta arbitrariedad administrativa utilizando términos especialmente contundentes. Extracto de la síntesis:

«La restricción del acceso a la educación en familia se justificó con el argumento de la lucha contra los separatismos; sin embargo, no existe ningún dato documentado que respalde un vínculo entre ambas cuestiones (véase también nuestro artículo: *¿Radicalismo y educación en familia: un falso problema?*). En realidad, el verdadero objetivo del Gobierno parece haber sido reducir drásticamente el número de niños educados en familia en favor de la escolarización. Según el Ministerio de Educación Nacional, esta última ofrece numerosas ventajas en términos de aprendizaje, socialización y seguimiento sanitario, a diferencia de la educación en familia, cuyas supuestas carencias fueron señaladas reiteradamente en los trabajos preparatorios de la ley, especialmente en el estudio de impacto. Los ponentes denuncian esta distorsión de la realidad educativa por parte del Ejecutivo, orientada a deslegitimar la educación en familia. Esta profunda falta de sinceridad del Gobierno —que se apoyó en afirmaciones infundadas sobre una supuesta relación entre la educación en familia y el separatismo— fue percibida por las familias como una auténtica traición. Y es que el entonces ministro de Educación Nacional había asegurado, ante la representación nacional, que las familias que practicaban una educación en familia «que funciona bien» —es decir, aquellas cuyos controles pedagógicos no revelaban problemas— no se verían afectadas por este endurecimiento de las condiciones de acceso. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario».

Los ponentes también señalaron las múltiples dificultades derivadas de una legislación imprecisa, aplicada de manera dispar por el Ministerio de Educación Nacional, el cual se muestra propenso a imponer su propia concepción del «interés superior del menor». Han descrito con claridad hasta qué punto los padres se han visto perjudicados por estas denegaciones arbitrarias —al igual que los propios niños—, siendo la caída drástica en el número de autorizaciones un síntoma de la existencia de múltiples barreras administrativas y jurídicas.

Una pérdida del 60 % en la educación en familia entre 2021 y 2026 A lo largo de la década de 2010, se observó un crecimiento constante de la educación en familia, tendencia que se intensificó a partir de 2019 y 2020 debido a la rebaja de la edad de escolarización obligatoria a los tres años y a la crisis sanitaria de la COVID-19. En el curso 2007-2008, solo 13 550 niños recibían educación en familia. Trece años más tarde (2021-2022), la cifra ascendía a 72 369, una cantidad cercana al número de alumnos escolarizados entonces en centros privados no concertados. Esta cifra cae a 30 000 en el periodo 2025-2026, lo que supone una pérdida del 60 % del total; un dato que, lejos de tener relación alguna con el «separatismo», resulta elocuente por sí mismo a ojos de los diputados.

Desmitificación de la educación en familia: la realidad de las familias, revelada por las cifras finalmente publicadas por la DGESCO.

Para los parlamentarios, este régimen de autorización provoca además una saturación de los servicios y un aumento de su carga de trabajo, lo que deriva en una judicialización artificial de la educación en familia, sin aportar ningún valor real. Se ofrece una descripción detallada de las familias a partir de unos datos que las asociaciones tardan años en conseguir; una obstrucción que los parlamentarios también han denunciado.

Según los parlamentarios, estas cifras demuestran que la educación en familia no se reduce a unos cuantos estereotipos, sino que es una práctica llevada a cabo ya sea por conveniencia familiar, para devolverle la confianza al niño tras sufrir acoso escolar, o bien por decepción ante un sistema escolar que presenta más inconvenientes que ventajas para el menor.

El informe demuestra, de manera formal, que el régimen de autorización no mejora la calidad de la enseñanza, que no sirve realmente al interés superior del menor y que, por el contrario, conlleva una serie de restricciones y problemas, sin suponer ningún ahorro presupuestario.

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Una propuesta clave: el retorno al régimen de «declaración reforzada».

Así pues, el informe propone, entre otras cosas, volver a un régimen de declaración —denominado «reforzado»—, que exigiría a la familia presentar, antes del inicio del curso escolar, un proyecto educativo para los niños a partir de los 6 años. El objetivo es conocer los motivos de la solicitud de educación en familia; no obstante, esta documentación no facultará en ningún caso a la administración para oponerse a dicha solicitud, tal como ocurre actualmente. Nuestra asociación, Liberté Éducation, puede dar fe de la existencia de numerosas denegaciones injustificadas: cada verano, más de 500 familias recurren a nuestros voluntarios tras haber recibido una negativa injustificada y, a menudo, formulada de manera tajante y escueta.

¿Y ahora qué?

En el contexto de la actual campaña presidencial, Liberté Éducation —al igual que otras asociaciones comprometidas con la libertad educativa— se está movilizando para lograr que todos los candidatos respalden este cambio de régimen.

Asimismo, Liberté Éducation ha participado en la elaboración de una obra titulada *A-t-on encore le droit d’éduquer ses enfants ?* («¿Todavía tenemos derecho a educar a nuestros hijos?»), publicada en septiembre. El libro recoge las opiniones de diversos especialistas que denuncian cómo se está cuestionando, de forma progresiva, la primacía de los padres en la educación de sus hijos. Respaldados por este informe, que no hace más que confirmar las posturas que Liberté Éducation ha mantenido durante los últimos seis años, pedimos a las familias que sigan movilizándose. Todos pueden consultar las dos páginas de síntesis del informe y expresar su apoyo tanto a los diputados que lo han redactado como a los numerosos defensores de esta libertad.