Pastores cristianos desterrados de San Andrés Yaa piden ser nuevamente aceptados en su comunidad

ADN Sureste / Los hermanos Imeldo y Claudio Amaya Gabriel, habitantes desterrados de San Andrés Yaa, Villa Alta, exigieron ser nuevamente aceptados en su comunidad luego de que el pasado 5 de julio del 2010  fueran expulsados por practicar la religión cristiana evangélica. En conferencia de prensa, los pastores cristianos narraron que desde el 2010 habían recibido amenazas de parte de la autoridad municipal y de los propios habitantes, quienes los acusaron de ir en contra de las costumbres del pueblo, ya que aunque participaban en todos los cargos públicos que eran nombrados y daban servicio a la iglesia católica, no participaban en las fiestas de la comunidad rehusándose a beber bebidas embriagantes.

Fue el pasado 20 de junio del 2010 cuando  por un evento que tuvieron en su iglesia, y con el pretexto de que no pidieron permiso, se convocó a una asamblea de caracterizados y tomaron la decisión de destruir su templo, cortándoles la luz, agua y drenaje.

Luego de la destrucción, acusaron que los pobladores se quedaron con todas sus pertenencias de la iglesia, no dejaron ni rastro de cascajo, hasta plantaron algunas flores en el terreno, dijeron.

Fue el 6 de julio por la tarde cuando los expulsaron después de intentar muchas cosas para meterlos en la cárcel hasta en la cabecera municipal en Villa Alta, los regresaron a su comunidad y los expulsaron,  dejándolos como un kilómetro   y medio fuera del pueblo,  amenazándolos con ahorcarlos en caso de que regresaran.

Ante la expulsión, los afectados exigen  justicia, ya que las pasadas autoridades no realizaron ninguna acción para solucionar este problema, lo cual se originó por practicar la religión cristiana evangélica.

Agregaron que a sus familiares que se quedaron les dijeron que no deberían hacer nada, algunos tuvieron que pagar 6 mil pesos para que no los molestaran como una multa, ahí se quedaron sus esposas e hijos, y para no sufrir por aquí optaron por pagar la multa que en un principio era de 12 mil pesos.

Finalmente, dijeron que han tenido pláticas en ciudad administrativa, en Derechos Humanos, pero no se han tenido avances con las autoridades ni con los representantes de asuntos religiosos, quienes no hicieron nada al respecto.